Siguenos en:

Este sitio usa cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia de navegación.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Ver política de cookies

Acepto

Contratos SWAP de permuta financiera

Contratos SWAP de permuta financiera

Una definición fácil y sencilla de los contratos swap o de permuta financiera sería la siguiente: Contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero (intercambio de flujos de caja), en la misma o en distinta moneda, en fechas futuras.

Normalmente dichos intercambios se referencian a tipos de interés, IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos de dinero) referenciado a cualquier variable. De esta forma nos encontramos por lo general ante un contrato estructurado en dos partes, de un lado aquélla que contiene las estipulaciones genéricas aplicables a todo tipo de contrato de permuta financiera, esto es, el Contrato Marco y de otro lado, la parte que podemos denominar Anexo, al que se remite la anterior, y que constituye realmente la parte principal, por cuanto comprende el contenido esencial de las obligaciones de los contratantes, en concreto, la fijación de los tipos de interés permutables.

De este modo, una vez suscrito el contrato marco las partes se someten a un especie de “juego financiero” de intercambio de prestaciones pago-cobro, gobernadas por la aleatoriedad y la incertidumbre de la evolución del tipo básico de referencia, en este caso, el Euribor.

La doctrina entiende que se trata un contrato único, atípico, consensual, bilateral, recíproco y sinalagmático, del que consideramos merece destacar su carácter azaroso.

Con la ratificación del Contrato Marco se aceptaba por parte del cliente de la entidad financiera que las operaciones a que se refiere el mismo se adecúan a su experiencia financiera y a su grado de conocimiento en materia inversora, y todo ello sin que medie en la mayoría de las ocasiones actividad alguna de asesoramiento por parte de la entidad.

Es preciso reseñar que se trata de un tipo de contrato ajeno a nuestro ordenamiento y tradición jurídica y que además resulta técnicamente complejo, por lo que una persona sin especiales conocimientos al respecto contrata “a ciegas”, fiándose de la palabra del Banco, quien le oferta este producto como protección a las oscilaciones de los tipos de interés, pero cuyas condiciones y posteriores consecuencias escapan a su entender.

Se trata de uno de los productos financieros que más controversia y polémica, jurídica y social, ha generado en los últimos tiempos junto a las llamada “preferentes” y las “cláusulas suelo”. Por ello, se nos antoja de vital importancia cuestionar su “legitimidad” en diferentes supuestos teniendo en cuenta tanto al emisor del producto y su forma de sacarlo al mercado, incluyendo como punto de análisis primordial la información facilitada, como al tipo de consumidor final.

El principal problema que genera la puesta en el mercado de este tipo de producto no sólo se centra en la escasa información que a menudo ofrecen algunas entidades financieras, sino en gran medida en la falta de adecuación de dicha información al tipo de receptor final de la misma y futuro contratante o suscriptor del referido producto.

No es lo mismo ofertar el mismo a un profesional con formación mercantil o financiera, que a un pequeño empresario o autónomo centrado en la propia actividad de su negocio y que en muchos casos carece de la formación financiera necesaria para llegar a comprender las consecuencias últimas que comportan la suscripción de este tipo de contratos.

Por tanto, encontramos dos aspectos fundamentales a valorar a la hora de proceder al abordaje de la presente problemática, por un lado el nivel de información de quien comercializa este tipo de productos, y por otro lado el nivel formativo de quien los suscribe, sin que por parte de estos últimos pueda excusarse su falta de formación cuando realmente han sido informados de manera detallada por la entidad financiera.

Es evidente que no nos referimos una persona ducha en la materia o que cuanto menos deba serlo en base a su actividad o nivel formativo, sino a la generalidad de los particulares y pequeños empresarios o autónomos que de un tiempo a esta parte han tenido acceso a este tipo de productos financieros.

Podemos entender pues que en estos casos se produce un error propio invalidante del contrato que, como expone la Sentencia Tribunal Supremo de 26 de Julio de 2000 (RJ 2000, 9177) entre otras – STS 14 de Febrero de 194 (RJ 1994, 1469) y STS 11 de Mayo de 2998 (RJ 1998, 3711)-, consiste en recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que no sea imputable a quién lo padece; un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular”.