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Preguntas sobre los indultos

  1. ¿Es necesario el indulto?

    Entendido el indulto como mecanismo de solución de situaciones, que si no injustas, porque están respaldadas por la ley, sí son al menos desproporcionadas, y así se perciben por la sociedad, debe responderse que es una figura necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que según nuestra Constitución el fin primordial de las penas impuesta es la reinserción social.

  2. ¿Es una medida anticuada?

    Es cierto que atendiendo a su norma reguladora, que data de 1870, puede considerarse anticuada, sin olvidar que la figura se recoge en el art. 62.i) de la Constitución como prerrogativa real. Sin embargo, consideramos que si su utilización se ciñe a corregir cierto desajuste punitivo, no sólo no es una medida anticuada, sino que debe considerarse complementaria de la estricta aplicación de la ley atendiendo a la realidad social del momento.

  3. ¿Realmente se está usando para agraciar a los que lo necesitan?, ¿O los gobiernos hacen uso de ella de forma fraudulenta?

    Si hablamos en términos estadísticos, seguramente el resultado será favorable a la primera de las disyuntivas, pero no puede obviarse que recientemente hemos conocido supuestos de concesión de indultos que dejan traslucir una actuación gubernativa arbitraria, o peor aún, basada en intereses espurios. A ello, desgraciadamente, ha contribuido el hermetismo que hasta la fecha ha dominado en la materia.

  4. ¿Se debe cambiar la legislación para que el Gobierno tenga que motivar el indulto?

    No sólo es necesario una motivación del indulto -que, por supuesto-, es necesaria, primero, una publicidad de todo lo relativo al ejercicio de dicha medida extraordinaria de gracia y, segundo, es necesario un control parlamentario de su uso, cuestión que, por cierto, se haya en trámite de ser aprobada.

  5. A raíz de la situación política convulsa que vive España, ¿se deben prohibir o limitar en cierto modo el indulto a políticos condenados por corrupción?

    La pregunta así planteada, sin matiz de ningún tipo, merece, sin duda, una respuesta afirmativa. Es absolutamente desalentador para una sociedad regida por un Estado democrático de derecho -y más en los tiempos que corren-, que un político que ha sido condenado por un caso de corrupción sea acreedor de esta medida excepcional. Ahora bien, también sería injusto no tomar en cuenta qué delito ha sido objeto de condena, las circunstancias de cada caso –tomando como base la declaración de hechos probados contenida en la sentencia–, si ha existido o no el reintegro de lo ilegalmente percibido o si ya se ha producido o no una respuesta punitiva que pueda considerarse contundente y ejemplarizante.

    En todo caso, entendemos que la concesión del indulto a políticos condenados por “delitos de corrupción” debe estar especialmente motivada y justificada en atención a las circunstancias concurrentes, por el plus de responsabilidad que sin duda es exigible a nuestros representantes públicos.

  6. Según las últimas medidas de regeneración democrática del Gobierno, el ministro de Justicia tendrá que comparecer en el Congreso para dar noticia de los indultos que se han concedido. ¿Basta con esta medida, o el indulto necesita mucha más regulación y control?

    Toda medida excepcional precisa de un control excepcional. Por tanto, la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia a tal fin es una medida necesaria, pero no suficiente. Son numerosos los casos en los que las comparecencias en sede parlamentaria no han servido para clarificar un determinado hecho.

    Dicha comparecencia supone un avance importante desde la perspectiva de la publicidad, que sin duda debe presidir la materia, ahora bien tan importante es esto, como efectivamente dotar a la institución de mecanismos de efectivo control y supervisión, llegando al punto de ostentar la Cámara facultades de revocación en casos de concesión no suficientemente motivada.